martes, 6 de octubre de 2009

LOS WICHIS y la tierra...

El oriente de Salta tiene muy poco que ver con la imagen tradicional que se tiene de esa provincia: no hay montañas ni valles ni paisajes pintorescos.
El llamado Chaco salteño es en cambio un ambiente llano, con suelos arenosos, veranos muy calurosos y relativamente húmedos e inviernos frescos y muy secos. Todo esto da como resultado un bosque formado por un mosaico de árboles, arbustos espinosos y de madera dura y pastizales ralos, habitado originariamente por una fauna muy rica.


En este ambiente difícil, a fines del siglo XIX, fue arrinconada la población aborigen compuesta por una variedad de grupos étnicos, aunque la mayoría pertenecen a los guaraníes (conocidos como chaguancos o chiriguanos) y los wichís.
Estos últimos se mantuvieron relativamente aislados del resto de la sociedad, tratando de mantener su cultura original, basada en la caza y la recolección de gran cantidad de especies animales y vegetales.Pero su propio crecimiento demográfico y la aparición, primero del obraje maderero y luego de los ganaderos, generaron una fuerte degradación del ambiente que empobreció la dieta alimentaria y dificultó la supervivencia de los wichís. Paralelamente, comenzó a gestarse un conflicto relacionado con la posesión de la tierra.

El primer conflicto se generó con los ganaderos, grupos de criollos provenientes de Salta y Santiago del Estero que expandieron sus rebaños sobre los antiguos territorios que informalmente utilizaban los indígenas para sus actividades de subsistencia. Las poblaciones indígenas se habían instalado fundamentalmente en tierras fiscales, que son administradas por las provincias, en este caso la de Salta. Durante mucho tiempo y, mientras no existían competidores por su posesión, esta ocupación territorial no fue discutida, pero la pretensión de los ganaderos de utilizarla generó una gran cantidad de conflictos, sobre todo a partir de la década de los 60.

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Conflicto por la tierra

La provincia de Salta nunca pudo encontrar una solución a un problema que se vuelve cada vez más complejo, por dos motivos: en primer lugar, las poblaciones aborígenes han adquirido cada vez más conciencia de su identidad, que incluye la posesión del territorio que han venido utilizando históricamente, situación reforzada por la nueva legislación que tiende a asegurar los derechos de las poblaciones originarias. En segundo lugar, la expansión de la producción de sojaimpulsada por grandes empresas agrícolas, que se intensificó en los últimos quince años y avanza en el Noroeste con gran avidez, pone un nuevo signo de peligro, ya que compite por las tierras indígenas.

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El Desmonte
La lucha de las poblaciones aborígenes por su tierra se hace cada vez más difícil y al mismo tiempo refuerza cada vez más la identidad de estos pueblos, los eternos marginados en un país que recién ahora los está reconociendo.
Los pueblos indigenas poseen derechos especiales por su condición de pueblos preexistentes a la formación del Estado nacional según la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. El Estado debe garantizarles su cultura, parte de la cual es el uso tradicional de la tierra y sus recursos; por lo que los cazadores-recolectores no sólo pueden desarrollar sus modalidades productivas, sino que el Estado debe asegurárselas.
Fuente: Canal Encuentro

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Desalambrando
CONSECUENCIAS DEL MONOCULTIVO
Comunidades Wichis están siendo expulsadas por la soja
La Ley de Bosques no logró frenar los desmontes. Las amenazas, los padecimientos y la resistencia de los aborígenes en Salta.
28-09-2008
Autor: · Fuente: Página/12

“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.La Ley de Bosques, como se la llama en forma corriente (ver aparte), establece disposiciones que tienden a evitar el desmonte o a realizarlo, en todo caso, en forma racional. La realidad indica hoy que unas 60 familias wichís están siendo empujadas a dejar sus tierras. Ellos tienen su hábitat en diferentes parajes salteños de la más importante área forestal del continente, después de la Amazonia. Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque.En El Traslado, Oscar y Carlos Frías relatan un presente desalentador. “Ese señor que nos vino a ver parece que no quiere vivir, quiere morir. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie, pero él se nos vino con un arma, un revólver calibre 38. Nos vino a amenazar diciendo que es el dueño de las tierras. Nosotros siempre vivimos acá y no nos queremos ir.” El que habla es Oscar, mientras Carlos guarda respetuoso silencio. El que amenazó dice ser el dueño de las tierras, que ahora han sido alambradas. Algunos caminos tienen inusuales tranqueras con candados. Los caminos pasan por encima de los lugares donde los wichís enterraron a sus muertos. Nadie podría imaginar una ruta atravesando el cementerio de la Recoleta o la Chacarita.El señor del 38, además de amenazar, trabó el único molino que hay en el paraje y los wichís tienen que recorrer decenas de kilómetros para juntar un poco de agua. Eso, aunque estén de parto (ver aparte). Las comunidades visitadas, en el departamento salteño de San Martín, están cercadas por miles de hectáreas desmontadas. Los wichís viven en pequeñas “cortinas” forestales, conjuntos de árboles y vegetación que han quedado en pie sobre la tierra árida. Los antiguos dueños de la tierra han llevado su caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de insistir largamente ante las autoridades provinciales.“Acá ha venido mucha gente, funcionarios y finqueros a decirnos de diferente manera que nos tenemos que ir. Nos hicieron firmar un acta acuerdo para desistir de un reclamo (posterior), pero no nos vamos a mover”, asegura, rodeado por los suyos y traductor mediante, el cacique de El Traslado, Roberto Sánchez. El homónimo de Sandro habla de pie, rodeado por sus hijos y vecinos, mientras las mujeres, reunidas en torno del fuego donde se calientan los pies y el agua, observan a prudente distancia. Todas visten polleras largas y coloridas. Sus pies están descalzos. Sánchez habla en voz muy baja, en idioma wichí. El traductor, vaya paradoja, es John (prefiere que le digan Juan) Palmer, un inglés doctorado en antropología que se vino a Salta en su época de estudiante. Ahora está casado con una wichí. Tienen tres hijos y viven en Tartagal.Sánchez habla, sin ira ni rencor, sobre las continuas visitas de personas interesadas en finalizar “por las buenas o por las malas” un desmonte de 30 mil hectáreas. Para convencerlos de que dejen el lugar, les han ofrecido unas pocas hectáreas en un sector marginal. Ellos saben, por experiencia de años, que se trata de una zona inundable cuando llega la temporada de lluvias. Viene de lejos la polémica por la legitimidad de los “desmontes autorizados” por el ex gobernador Juan Carlos Romero, que los entregó a poderosos empresarios sojeros.El problema lo heredó el actual gobernador Urtubey, que en los primeros tiempos designó en puestos clave a técnicos formados en la Universidad de Salta (UNSA), siempre a favor del medio ambiente. La autorización para el desmonte en El Traslado fue cancelada por la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que luego fue removida de su cargo. Voceros de la secretaría, ahora a cargo de Cristina Camardelli, le aseguraron a PáginaI12 que el desmonte acelerado “no es responsabilidad del actual gobierno, que heredó una situación compleja a la que está tratando de ordenar”. Camardelli se ha reunido con los representantes de la comunidad wichí, pero las soluciones que ellos demandan no aparecen. Ni siquiera ha dado frutos el planteo legal ante el Juzgado Federal de Orán, presentado en 2006, para que las tierras ancestrales sean demarcadas, a fin de impedir el avance de las topadoras.La Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Inglesa Anglicana del Norte Argentino) hizo un trabajo según el cual la Secretaría de Política Ambiental convocó a 211 audiencias públicas desde 2004 a la fecha. De ese total, 195 fueron solicitudes de desmonte. De ellas, se autorizaron 191. De un total de 129.257 hectáreas destruidas en 2004 se llegó a las 435.399 del año pasado. La tendencia sigue sin ningún freno. “La ley aprobada el año pasado dice que hay que parar el desmonte, pero nadie nos da una respuesta positiva, ni siquiera la Justicia”, protesta Oscar Frías.Ana González, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó a Salta para interceder por los wichís. Visitó las comunidades, realizó una gestión ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) y mantuvo un diálogo con autoridades de la policía de Salta, que entró en una comunidad sin tener orden judicial. “Las policías todavía actúan en consonancia con las empresas, eso es preocupante porque sólo deben hacerlo cuando la Justicia se los ordena”, le dijo González a la agencia Télam, una de cuyas cronistas había recibido denuncias por la presencia de uniformados en uno de los parajes. John Palmer consideró muy grave la situación de los pobladores de El Escrito, que quedaron viviendo en una “cortina” forestal de 50 por cien metros de monte. “Ellos recién ahora toman contacto con el mundo externo. Cuando la empresa (que hizo el desmonte) mandó a alguien para el estudio socioambiental, las mujeres, asustadas, se fueron corriendo al monte. Por eso la empresa dice en el expediente que no hay indígenas en el lugar –precisa Palmer–. Eso demuestra la ceguera de los agroindustriales, que sólo ven posibilidades de ganancia y no la biodiversidad cultural preexistente. Cierran los ojos a todo lo que no coincide con su visión, enfocan nada más que un modelo de economía de producción.” Las empresas más importantes son Cresud S. A., Agrodesmontes S. A., Quebracho Colorado S.A, Inversora Juramento y Tierra Vasca S.A.Juan Rodríguez ya pasó la barrera de los 80 años de vida y se enoja frente a la tranquera con candado: “No estoy conforme con el gobierno que vende los terrenos fiscales. Los que los compran se creen dueños de todo. Sin monte no tenemos vida. Ya no llevo flechas como antes, pero igual sigo siendo el dueño del monte y de acá no me voy”, asegura.

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
1 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Informe a Amnesty Internacional sobre hechos de violación de los DDHH a indígenas del pueblo wichí de la provincia del Chaco.

Datos generales sobre la comunidad afectada:
La comunidad Wichí que habita en Comandancia Frías, Departamento Güemes, provincia del Chaco está compuesta por cuarenta y siete familias (doscientas treinta personas) distribuidas en dos barrios ubicados en las afueras de la población. Esta comunidad padece una gran vulnerabilidad económica, social, cultural y política, siendo objeto de
constantes presiones y violaciones de sus derechos humanos, tal como lo testimonian los tres casos que se presentan.
El Departamento Güemes cuenta con el índice más alto de NBI de la provincia y uno de los mas altos del país. Por su parte, la población de Comandancia Frías es una de las más aisladas del Chaco y con mayores dificultades de acceso a la justicia, ya que casi 300 kilómetros de caminos de tierra lo separan del juzgado más cercano.
Por encontrarse a orillas del Río Bermejito, en abril/mayo de 2008 se produjo una inundación que afectó tanto a la población urbana de Comandancia Frías como a los habitantes de la zona rural, incluidos los dos barrios wichí.
Esta comunidad aborigen es la única existente dentro de una reserva indígena de alrededor de 350.000 hectáreas. Dicha reserva fue realizada por el Estado Provincial mediante los decretos Nº 480/91 y 1.732/96.
Pese a que estos decretos establecen claramente que este extenso territorio está reservado para los tres pueblos indígenas que habitan el Chaco (wichí, qom y moquoit), en los últimos años se ha producido el constante y creciente asentamiento de personas no indígenas, tanto en el poblado como en la zona rural.
Esta invasión al territorio indígena se ha realizado ante la inacción cómplice, tanto de las autoridades de Fuerte Esperanza (municipio de quien depende el pueblo de Comandancia Frías) como de las autoridades provinciales responsables administrativas de la zona rural de la mencionada reserva.
Como consta en numerosísimos testimonios periodísticos, durante los últimos quince años, la comunidad wichí de EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
2 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Comandacia Frías, en conjunto con otras comunidades de la provincia nucleadas en la Mesa de tierras Dr. Ricardo Altabe´´ han reclamado por la invasión de la reserva por parte de personas y familias no indígenas y el incumplimiento de la cláusula transitoria quinta de la Constitución del Chaco -que en el año 1994- estableció: ´´La propiedad de las tierras ocupadas y reservadas a los pueblos indígenas deberá transferirse dentro de un año de la vigencia de esta Constitución¨ Hace catorce años que esta cláusula se encuentra incumplida.
Primer caso
Violación al derecho de las comunidades a participar en aquellas cuestiones que los afectan.
1) Antecedentes:
En el año 1991 el gobernador de la Provincia del Chaco -en virtud de cumplir con las omunidades indígenas de esta provincia y atendiendo a preceptos de la Ley Provincial Nº 3.258 y la misma Constitución Provincial en su artículo 34º- dicta el Decreto Provincial Nº480/91 reservando para las mismas una superficie importante de tierras (alrededor de 350.000 has.) en El Impenetrable Chaqueño. Dado que los wichí son los ancestrales habitantes de esa región se reserva 100.000 hs. especialmente a favor del pueblo wichí, organizados a través de sus comunidades. Es importante mencionar que la comunidad wichi de Comandancia Frías es la única que habita en la mencionada reserva.
Este Decreto propicia la formación de una comisión a los efectos de llevar adelante un relevamiento topográfico y poblacional a efectos de determinar el real estado de ocupación del territorio indígena y en el supuesto de existir ocupaciones de pobladores no indígenas determinar su relocalización.- Ello nunca ocurrió pese a los múltiples reclamos por parte de las comunidades.-
Posteriormente se reforma la Constitución de la Provincia del Chaco en el año 1994 y un nuevo gobernador de la provincia en este caso el Dr. Angel Rozas dicta un nuevo Decreto Provincial el Nº 1732/96 ratificando el anterior y con el objeto de cumplir con el precepto constitucional número 37º y la cláusula transitoria 5ª, de la nueva constitución reformada.-
Ambos decretos obligan al estado de la provincia del Chaco a realizar el relevamiento de referencia a efectos de poder entregar a los pueblos indígenas del Chaco, organizados a EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
3 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
través de sus comunidades, la titulación del territorio comprendido en la reserva indígena, hecho que a la fecha efectivamente no se ha realizado.-
Durante muchos años se conformó la ´´Mesa de Tierras Dr. Ricardo Altabe´´ integrada por representantes de comunidades indígenas qom, wichí y moquit, en forma conjunta con instituciones que acompañan a las mismas con trabajo en terrenos, como el caso de ENDEPA con la comunidad de Comandancia Frías. Esta mesa de trabajo realizaba reclamos respecto de la conformación de la Comisión que señalan los decretos y de la ejecución del
relevamiento, reclamos todos que obtuvieron respuestas dilatorias y negativas por parte de los distintos gobiernos provinciales que se sucedían en la provincia del Chaco.
Esto sucedió hasta fines del año 2007 donde un nuevo gobierno en la Provincia del Chaco asume el compromiso de ejecutar lo determinado en los decretos de referencia.-
2) Situación actual:
A fines del año 2008 y en virtud de un convenio suscripto por la Provincia del Chaco con el Gobierno de la Nación Argentina a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el marco de la Ley 26.160, concurren a Comandancia Frías, representantes del Ministerio de Gobierno del Chaco y forma una Comisión a los fines de trabajar en conjunto la regularización de las tierras de la reserva indígena determinada por los Decretos ut-supra
mencionados.-
Para la conformación de la comisión se designa como miembro titular a un miembro de la comunidad wichi de Comandancia Frías, actualmente Presidente de la Asociación Comunitaria, Sr. Francisco Miranda y otros dos miembros de la comunidad que lo hacen en forma suplentes, ellos son los Sres. Genaro Pérez y Juan García, ello sumado a pobladores criollos del pueblo de Comandancia Frías.-
En principio el fin de la Comisión era regularizar el territorio de la reserva indígena determinada por los Decretos Nº480/91 y Nº1732/96.- Sin embargo, esta comisión nunca funcionó.
Publicaciones en los medios de comunicación dan cuenta de que el gobierno provincial ha puesto en funcionamiento un ´´Programa de relevamiento territorial´´ pero violando normas constitucionales en lo que hace referencia a derechos indígenas como ser: la
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4 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
PARTICIPACION de la única comunidad que actualmente ocupa la reserva que es la de Comandancia Frías.-
La Comunidad de Comandancia Frías ignora totalmente todo lo realizado en cuanto al diseño e implementación de este Programa que los afecta en forma directa y que ya se encuentra avanzado ya que el gobierno anunció por los medios de comunicación la puesta en marcha del relevamiento, informo de la creación de un Equipo Técnico Operativo para la realización del mismo y a que -de conformidad a lo informado por el INAI ante un pedido de informes del Congreso Nacional- el Gobierno del Chaco ya ha recepcionado para el mencionado Programa la suma de $ 763.650 (como primer cuota de un total de $ 2.188.725) sin participación por parte de la Comunidad de Comandancia Frías ni ningún resultado concreto ya que durante el corriente año ningún funcionario del mencionado
Programa se ha hecho presente en la comunidad de Comandancia Frías para informar y solicitar su participación en su carácter de única ocupante de la reserva indígena en cuestión.
De allí que, pese a que los Gobiernos Nacional y Provincial se encuentran abocados a la ejecución del relevamiento, al día de la fecha la comunidad wichí de Comandancia Frías posee un total desconocimiento de lo realizado y medidas tomadas por la Unidad Ejecutora Provincial del mencionado Programa de relevamiento territorial y por el Equipo Técnico Operativo conformado ad hoc.-
3) Derechos violados:
En la actualidad, a pesar de la legislación favorable nos encontramos frente a estos graves hechos:
No cumplimiento de lo establecido en cuanto a CONSULTA Y PARTICIPACIÓN por parte de los siguientes instrumentos legales:
 Art. 75º, inciso 17 de la Constitución Nacional.
 Artículo 37º de la Constitución de la provincia del Chaco.
 Artículo 2º del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Artículos 18º y 19º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
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5 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
4) Denuncias realizadas:
El incumplimiento del estado provincial ha sido denunciado a través de reclamos efectuados ante el gobierno provincial.-
Asimismo se ha denunciado el incumplimiento del Convenio 169 suscripto por la República Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo, por presentaciones realizadas en el año 2003 y en fecha 3 julio del año 2008 más una nueva presentación formal en el presente mes de junio del 2009.-
5) Anexos:
DECRETO 480/91
Resistencia, 2 de mayo de 1991.-
VISTO:
La Actuación Simple N° 1000804912586; y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1576 de fecha 13 de octubre d e 1986 dictada por el Instituto de Colonización se reservaban cien mil (100.000) has. Aproximadas dentro de las zonas E y F de los Departamentos General Güemes y Almirante Brown, con destino a pobladores autóctonos; Que la filosofía política alentada por el Gobierno Provincial se inserta la permanente preocupación de promover las Comunidades Aborígenes en un todo de acuerdo con el espíritu de la Ley 3258 y el 34° de la Constitución Provincial;
Que la tenencia de la tierra constituye una real preocupación para la población aborigen;
Que en resguardo de sus legítimos intereses y en reconocimiento del continuo aumento de la
población aborigen en la Provincia se hace necesario facilitar el ambiente natural indispensable para el mantenimiento y desarrollo de sus pautas culturales que posibilite una real integración con el resto de la comunidad; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA:
ARTICULO 1°: RESERVASE la superficie comprendida entre los límites NORTE: Río Bermejito; SUR: camino que une Fuerte Esperanza en el Chaco, con la Provincia de Salta; OESTE: malla castatral N° 14; E STE: Ruta Provincial N° 61; de la cual 100.000 hectáreas serán a favor del pueblo Wichí del Departamento General Güemes, organizado a través de sus comunidades y el resto para las comunidades indígenas de la Provincia, según el destino que éstos establezcan en el marco de los Acuerdos que celebren.
ARTICULO 2°: ENCOMIÉNDASE a la Comisión Mixta Interministerial de Tierras, y a las Comunidades y Asociaciones
Comunitarias constituidas en el lugar, la realización de un relevamiento topográfico poblacional, a los efectos de determinar el real estado de ocupación de las tierras mencionadas en el artículo 1° del presente Decreto.
ARTÍCULO 3°: Si dentro de la superficie reservada se comprobare casos de ocupaciones no aborígenes, oponible a lo preceptuado en el presente Decreto y pasible a desalojo, se deberá contemplar la reubicación del individuo acorde a su núcleo familiar y real capacidad económica.
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ARTÍCULO 4°: para la dilucidación de los problemas que se presenten, deberá tenerse en cuenta el acuerdo de partes y de manera prioritaria el interés de las Comunidades Aborígenes.
ARTICULO 5°: Las tierras reservadas insertas en el artículo 1°, serán incorporadas en las prescripciones establecidas en los artículos 8°, 9°, 10°, 11° y 12° (Capítulo II de la adjudicación de las Tierras) de la Ley 3258.
ARTICULO 6°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese. JULIO RENÉ SOTELO DR. DANILO LUIS BARONI Ministro de Gob., Justicia y Educación Gobernador
Segundo caso
Violación del derecho de niños y madres embarazadas a la alimentación y a la seguridad.
1) Antecedentes:
En el año 1996 se creó la ´´Casa del sol´´ en Comandancia Frías. Esta institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, tenía como finalidad ofrecer una alimentación adecuada y saludable a niños de 0 a 14 años y a madres embarazadas. En la mayoría de los casos, esta comida constituía la única que
recibían estos niños y madres en todo el día. En este centro del menor y la familia "Casa del sol" se atendían 130 niños y 30 madres embarazadas.
2) Situación actual:
Luego de trece años de prestación de un eficiente servicio, que se reflejó en la baja de los índices de desnutrición infantil, esta Casa del Sol fue cerrada por decisión del gobierno provincial, el 19 de mayo del corriente año 2009.
Para tratar de suplir este servicio el gobierno provincial delegó en una ONG la asistencia alimentaria de estas personas, la misma se realiza en un complejo educativo recientemente construido a siete kilómetros de la comunidad aborigen.
Por múltiples razones, este nuevo servicio no puede de ninguna manera reemplazar al brindado por la cerrada ´´Casa del Sol´´. Una de ellas es la distancia, que es salvada por la ONG mediante el traslado de los niños y las madres en un acoplado abierto que no cumple con las mínimas normas de seguridad ya que es un transporte no diseñado para el EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
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traslado de personas (ver fotografía anexa) violándose, así su dignidad humana y poniendo en riesgo inminente su vida.
3) Derechos violados:
 Artículos 10º, 11º y 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
 Artículo 6º de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y artículo 3º, punto 3, de la misma Convención que establece: ´´Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada´´.
4) Anexo:
Transporte que se utiliza para el traslado de niños y madres embarazadas.
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Tercer caso
Violación del derecho de las familias indígenas a vivir en condiciones dignas, a retornar a sus hogares y a participar en aquellos planes y programas que los involucren.
1) Antecedentes:
A un kilómetro de Comandancia Frías se encuentra el barrio Medialuna, habitado por 30 familias wichí. Históricamente los indígenas optaron por ubicarse allí porque, de esa manera, se mantienen cercanos al pueblo pero sin interferencias que afecten su vida comunitaria y el contacto con la naturaleza, ambas cosas indispensables para la preservación de su cultura.
Con su activa participación y con sus propias manos los wichí construyeron en el año 2001 sus viviendas de material. Lo hicieron en el marco del ´´Programa Nacional de Viviendas y mejoramiento ambiental Juan Perón´´
Las viviendas fueron diseñadas por los propios indígenas, se respetó la ubicación y distribución de las antiguas viviendas y su entorno, especialmente el bosque que brinda sombra a cada casa y patio familiar.
En abril del 2008 este barrio se inundó por la crecida del Río Bermejito y los Wichí fueron trasladados a un precario campamento.
2) Situación actual:
A pesar de que hace ya más de un año que bajaron las aguas y se secaron sus viviendas, las autoridades impiden a los wichí regresar a sus casas. Durante todos estos meses las familias están viviendo en un campamento, en condiciones miserables, en chozas de polietileno construidas por ellos mismos, sin agua potable y sin letrinas (ver fotografía)
Simultáneamente, se está construyendo un nuevo barrio dentro del pueblo de Comandancia Frías, donde se les ha dicho a los indígenas que deberán reubicarse sin dar explicaciones razonables acerca de las razones que impiden regresar a su asentamiento original.
Por otra parte, el nuevo barrio se construye sin su consulta y participación en cuanto a su emplazamiento y diseño de las viviendas. Las mismas ignoran totalmente las pautas culturales de los wichí. Los terrenos son pequeños, sin sombra ya que el monte existente fue totalmente arrasado con topadora y la disposición de las viviendas adopta la típica
cuadrícula de la cultura urbana (ver fotografía).
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9 Informe presentado a Amnesty Internacional
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3) Derechos violados:
 Art. 75º, inciso 17 de la Constitución Nacional.
 Artículo 37º de la Constitución de la provincia del Chaco.
 Artículo 2º del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Artículo 16º (sobre traslados y reubicaciones de los pueblos indígenas) del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Pacto Internacional de la ONU de derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
 Artículo 23º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas, que dice lo siguiente: ´´(…) En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones´´.
4) Anexo:
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10 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
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11 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Nuevo barrio que se está construyendo.


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