domingo, 11 de octubre de 2009

Canción
(J. Miño – Orlando Veracruz)

Le pedí al ceibo el tambor
y al grillito mi violín
pero pa' ser el Tontoyogo
tiene que haber Mocoví...

Péguele al cura, Señor San Javier
ya péguele, ya péguele
que no nos deja salir con usted
¡Vaya a saber, vaya a saber!

Tengo sé de latagá
porque por pobre sufriendo
el blanco tiene libreta
por eso lo andan queriendo...

Péguele al blanco, Señor San Francisco
Sangre e’ nosotros junto pa' ser rico
porque no quiere
que te entre la indiada
déjelo atao pa' que pague
y se vaya.

También al toldo quisiera dentrar
a picar de mucho
pero es de balde tatita
la suerte se hace humo.

Péguele al turco, Señor San Javier
no vende fiao, no puede ser
trapo queriendo,
alpargata queriendo
cuero mostrando la pata en el suelo...

Pa'l rico mucha campana,
Pa'l indio mucho silencio
pareciendo que chirola
tira la soga e' los muertos.

El comisario no deja chupar,
péguele ya, péguele ya.
Tarde pa'l toldo llegó tata Dios,
indio se va, indio se va.
Ahora sí Señor San Javier
la vela que elevo la voy a prender.

Indio se va, muriendo se va
tarde pa'l toldo llegó tata Dios…
(*) El Tontoyogo es una danza mocoví.
El cuaderno del Cacique - Eduardo López

Domingo, 10 de Mayo de 2009 - Publicado en la Edición Impresa Diario Norte de Resistencia - Chaco -

El cuaderno es uno de esos de tapa dura, de 200 hojas, que se usaban antes como “el cuaderno único” en la escuela primaria. Está prolijamente escrito, renglón por renglón, con tinta y aquellas recordadas plumas “cucharita”. Lo acercó a manos del periodista, un amigo, que a su vez lo obtuvo prestado de otros amigos.

Fue escrito íntegramente por Francisco Nolasco Mendoza, más conocido como Cacique Catán. Tiene, en el retiro de la tapa dura, una dedicatoria que dice “Al gran amigo don Juan Carlos Borda con toda estima este pequeño presente de las historias y rica lengua aborigen y del aborigen de Santiago del Estero. Las Tolderías 23-VI-58”, con la firma de Francisco Nolasco Mendoza. El manuscrito es una fiel copia de uno de los manuales que se usaban entonces en los grados de la escuela primaria, con todo lo relacionado a Historia, Geografía, Ciencias Naturales e Instrucción Cívica. Y agrega una detallada gramática de la lengua quechua y un compendio de historia y costumbres de los aborígenes de Santiago del Estero, muy cercana al lugar donde vivía.
Historia del Cacique Catán
Falleció en Charata, el 7 de diciembre de 1974, cuando tenía 66 años. Había nacido el 23 de mayo de 1908 en Vera, Santa Fe, hijo del cacique mocoví Pedro José Nolasco y de Rosario Mendoza, hija de un cautivo cordobés. En 1922 la tribu se radicó en el paraje Las Tolderías, Colonia General Necochea, a 25 kilómetros de Charata. A los 22 años, y a la muerte de su padre, Francisco Nolasco pasó a ocupar el mando de la toldería, que por entonces se componía de unos 1500 indígenas que sobrevivían merced a una rudimentaria agricultura. El nombre de Catán se debe a que un teniente del Ejército, Eduardo Catán, fue su padrino de bautismo y se popularizó a través de un chamamé de Luis Mendoza y Tránsito Cocomarola que grabó con gran éxito Zitto Segovia. Según el historiador Carlos López Piacentini: “En 1930 Francisco Nolasco asistió a la escuela 91 de Pampa del Cielo, aprendió a leer y a escribir y a manejarse muy bien con el castellano. Por su amplio conocimiento de los problemas indígenas y por ser el más instruido, tanto por su ascendencia fue designado juez de Paz en 1944, al crearse el Registro Civil, cargo que desempeñó durante treinta años, hasta el día de su fallecimiento.” “También Catán gestionó muchas mejoras para su pueblo ante las autoridades provinciales, como pedidos para que se facilite a los aborígenes implementos de trabajo. Gracias a su gestión en 1972, se inauguró en esa zona un puesto sanitario, e impulsó la creación de la Cooperativa Nueva Pompeya”. “El cacique representa a los que fueron dueños y señores de esas tierras durante siglos y ante la agresión de los conquistadores debieron perderla, y sobre esta humillación aceptar ser marginados y explotados en nombre de un rey que no era de ellos y que no podía solucionar sus angustias”. Recordado discurso En el cuaderno del que hablamos, encontramos una perla salida de contexto y es un discurso que escribió para el Día del Aborigen el 19 de abril de 1958. Esa pieza oratoria dice: “Hermanos de raza: llegamos hoy a un nuevo día nuestro, es decir un nuevo Día del Indio Americano. Ayer, decir indio era decir desprecio y humillación. Hoy decir indio equivale a decir hombre del futuro, ciudadano postergado que está a la altura de todos los demás argentinos y que sólo espera justicia y comprensión. Por eso nos reunimos todos a la sombra de la bandera argentina. Gracias al esfuerzo de muchos hombres que nos comprendieron se celebra del día nuestro. Fue a raíz del congreso que representantes de todos los países de América celebraron en Patzcuaro, México. Allí se resolvió apoyar la incorporación del indio a la vida moderna y a darle un futuro de paz, justicia y bienestar. Allí se prometió borrar las huellas de la explotación y la humillación de millones de hermanos nuestros que viven al margen de todos los derechos humanos. No todos los países cumplieron ese compromiso. Pero muchos lo están haciendo. Y aquí, entre nosotros, se ha empezado, por obra del gobierno en algunos casos y por la acción de particulares y de instituciones benéficas que aspiran a hacer el bien. Pero la verdad es que poco se ha hecho en esa larga tarea. Falta por hacer lo más difícil. Dar tierras, semillas, herramientas al indio. Darle escuela y asistencia médica. Darle, en fin, la posibilidad de trabajar, de progresar, de aprender y convertirse en un ciudadano útil. Colocarlo en un plano de igualdad a todos los habitantes del país. Gracias a Dios, los nuevos gobernantes y, especialmente el gobernador electo del Chaco, nuestra provincia, señor Anselmo Duca, hay la firme decisión de ayudarnos, de cumplir con nosotros. Tenemos la seguridad, como chaqueños, que el gobierno de don Anselmo Duca no nos defraudará, porque él conoce muy bien nuestros problemas y nuestra triste situación. Y puede estar seguro el señor gobernador electo que sabremos agradecer su gestión y pagar su obra trabajando en forma ejemplar para grandeza de nuestra provincia y del país entero. No lo defraudaremos. Los paisanos quieren trabajar y ser útiles. Quieren progresar, y cuando alguien los ayuda, saben agradecer. Por eso decimos que este año (1958) el Día del Indio es el Día de la Esperanza del indio chaqueño en sus futuros gobernantes. Y estamos seguros que esa esperanza no será burlada”. Estas palabras fueron escritas y pronunciadas hace 51 años. Algo más de medio siglo y tienen rigurosísima actualidad. Salvo el nombre del gobernador del momento, lo demás podría repetirse sin temor a equivocarse. Las tierras, como lo mandó la Constitución en 1994, no han vuelto a sus legítimos dueños. La salud, la pobreza, la indigencia, la desnutrición, el abandono, la falta de vivienda, la ignorancia están al orden del día, tanto que hace apenas un año, en un hecho inédito, debió intervenir la Suprema Corte d Justicia de la Nación para que los gobiernos de la Nación y de la provincia se ocupen en serio de los pueblos originarios. No somos tan necios para afirmar que nada se hizo en estos 51 años. Existieron y existen acciones dignas de mención, pero son muy pocas, no alcanzan y todo está a la vista. Hasta habría que replantearse el papel del Instituto del Aborigen Chaqueño, que hasta ahora resultó un apéndice del gobierno del turno y que para muchas cosas es un ente burocrático y para nada autárquico como debiera ser. Se trata de una estructura de poder a imagen y semejanza de la administración pública y sin tener en cuenta la idiosincrasia aborigen.
El mensaje de Cacique Catán llega hoy como un nuevo llamado de atención, mientras los gobiernos preparan un plan de acción para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia. Para que los hermanos aborígenes dejen de ser de una vez para siempre un lugar en los discursos y en los planes escritos de los gobiernos de turno.

martes, 6 de octubre de 2009

LOS WICHIS y la tierra...

El oriente de Salta tiene muy poco que ver con la imagen tradicional que se tiene de esa provincia: no hay montañas ni valles ni paisajes pintorescos.
El llamado Chaco salteño es en cambio un ambiente llano, con suelos arenosos, veranos muy calurosos y relativamente húmedos e inviernos frescos y muy secos. Todo esto da como resultado un bosque formado por un mosaico de árboles, arbustos espinosos y de madera dura y pastizales ralos, habitado originariamente por una fauna muy rica.


En este ambiente difícil, a fines del siglo XIX, fue arrinconada la población aborigen compuesta por una variedad de grupos étnicos, aunque la mayoría pertenecen a los guaraníes (conocidos como chaguancos o chiriguanos) y los wichís.
Estos últimos se mantuvieron relativamente aislados del resto de la sociedad, tratando de mantener su cultura original, basada en la caza y la recolección de gran cantidad de especies animales y vegetales.Pero su propio crecimiento demográfico y la aparición, primero del obraje maderero y luego de los ganaderos, generaron una fuerte degradación del ambiente que empobreció la dieta alimentaria y dificultó la supervivencia de los wichís. Paralelamente, comenzó a gestarse un conflicto relacionado con la posesión de la tierra.

El primer conflicto se generó con los ganaderos, grupos de criollos provenientes de Salta y Santiago del Estero que expandieron sus rebaños sobre los antiguos territorios que informalmente utilizaban los indígenas para sus actividades de subsistencia. Las poblaciones indígenas se habían instalado fundamentalmente en tierras fiscales, que son administradas por las provincias, en este caso la de Salta. Durante mucho tiempo y, mientras no existían competidores por su posesión, esta ocupación territorial no fue discutida, pero la pretensión de los ganaderos de utilizarla generó una gran cantidad de conflictos, sobre todo a partir de la década de los 60.

Conflicto por la tierra

La provincia de Salta nunca pudo encontrar una solución a un problema que se vuelve cada vez más complejo, por dos motivos: en primer lugar, las poblaciones aborígenes han adquirido cada vez más conciencia de su identidad, que incluye la posesión del territorio que han venido utilizando históricamente, situación reforzada por la nueva legislación que tiende a asegurar los derechos de las poblaciones originarias. En segundo lugar, la expansión de la producción de sojaimpulsada por grandes empresas agrícolas, que se intensificó en los últimos quince años y avanza en el Noroeste con gran avidez, pone un nuevo signo de peligro, ya que compite por las tierras indígenas.

El Desmonte
La lucha de las poblaciones aborígenes por su tierra se hace cada vez más difícil y al mismo tiempo refuerza cada vez más la identidad de estos pueblos, los eternos marginados en un país que recién ahora los está reconociendo.
Los pueblos indigenas poseen derechos especiales por su condición de pueblos preexistentes a la formación del Estado nacional según la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. El Estado debe garantizarles su cultura, parte de la cual es el uso tradicional de la tierra y sus recursos; por lo que los cazadores-recolectores no sólo pueden desarrollar sus modalidades productivas, sino que el Estado debe asegurárselas.
Fuente: Canal Encuentro

Desalambrando
CONSECUENCIAS DEL MONOCULTIVO
Comunidades Wichis están siendo expulsadas por la soja
La Ley de Bosques no logró frenar los desmontes. Las amenazas, los padecimientos y la resistencia de los aborígenes en Salta.
28-09-2008
Autor: · Fuente: Página/12

“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.” Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño. Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.La Ley de Bosques, como se la llama en forma corriente (ver aparte), establece disposiciones que tienden a evitar el desmonte o a realizarlo, en todo caso, en forma racional. La realidad indica hoy que unas 60 familias wichís están siendo empujadas a dejar sus tierras. Ellos tienen su hábitat en diferentes parajes salteños de la más importante área forestal del continente, después de la Amazonia. Los últimos montaraces, exponentes de un modo de vida que rechaza la urbanización insaciable y defiende la vida silvestre sin avanzar sobre nadie, están siendo arrasados por la voracidad sojera, que no respeta ni el árbol, ni el bosque.En El Traslado, Oscar y Carlos Frías relatan un presente desalentador. “Ese señor que nos vino a ver parece que no quiere vivir, quiere morir. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie, pero él se nos vino con un arma, un revólver calibre 38. Nos vino a amenazar diciendo que es el dueño de las tierras. Nosotros siempre vivimos acá y no nos queremos ir.” El que habla es Oscar, mientras Carlos guarda respetuoso silencio. El que amenazó dice ser el dueño de las tierras, que ahora han sido alambradas. Algunos caminos tienen inusuales tranqueras con candados. Los caminos pasan por encima de los lugares donde los wichís enterraron a sus muertos. Nadie podría imaginar una ruta atravesando el cementerio de la Recoleta o la Chacarita.El señor del 38, además de amenazar, trabó el único molino que hay en el paraje y los wichís tienen que recorrer decenas de kilómetros para juntar un poco de agua. Eso, aunque estén de parto (ver aparte). Las comunidades visitadas, en el departamento salteño de San Martín, están cercadas por miles de hectáreas desmontadas. Los wichís viven en pequeñas “cortinas” forestales, conjuntos de árboles y vegetación que han quedado en pie sobre la tierra árida. Los antiguos dueños de la tierra han llevado su caso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), luego de insistir largamente ante las autoridades provinciales.“Acá ha venido mucha gente, funcionarios y finqueros a decirnos de diferente manera que nos tenemos que ir. Nos hicieron firmar un acta acuerdo para desistir de un reclamo (posterior), pero no nos vamos a mover”, asegura, rodeado por los suyos y traductor mediante, el cacique de El Traslado, Roberto Sánchez. El homónimo de Sandro habla de pie, rodeado por sus hijos y vecinos, mientras las mujeres, reunidas en torno del fuego donde se calientan los pies y el agua, observan a prudente distancia. Todas visten polleras largas y coloridas. Sus pies están descalzos. Sánchez habla en voz muy baja, en idioma wichí. El traductor, vaya paradoja, es John (prefiere que le digan Juan) Palmer, un inglés doctorado en antropología que se vino a Salta en su época de estudiante. Ahora está casado con una wichí. Tienen tres hijos y viven en Tartagal.Sánchez habla, sin ira ni rencor, sobre las continuas visitas de personas interesadas en finalizar “por las buenas o por las malas” un desmonte de 30 mil hectáreas. Para convencerlos de que dejen el lugar, les han ofrecido unas pocas hectáreas en un sector marginal. Ellos saben, por experiencia de años, que se trata de una zona inundable cuando llega la temporada de lluvias. Viene de lejos la polémica por la legitimidad de los “desmontes autorizados” por el ex gobernador Juan Carlos Romero, que los entregó a poderosos empresarios sojeros.El problema lo heredó el actual gobernador Urtubey, que en los primeros tiempos designó en puestos clave a técnicos formados en la Universidad de Salta (UNSA), siempre a favor del medio ambiente. La autorización para el desmonte en El Traslado fue cancelada por la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que luego fue removida de su cargo. Voceros de la secretaría, ahora a cargo de Cristina Camardelli, le aseguraron a PáginaI12 que el desmonte acelerado “no es responsabilidad del actual gobierno, que heredó una situación compleja a la que está tratando de ordenar”. Camardelli se ha reunido con los representantes de la comunidad wichí, pero las soluciones que ellos demandan no aparecen. Ni siquiera ha dado frutos el planteo legal ante el Juzgado Federal de Orán, presentado en 2006, para que las tierras ancestrales sean demarcadas, a fin de impedir el avance de las topadoras.La Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Inglesa Anglicana del Norte Argentino) hizo un trabajo según el cual la Secretaría de Política Ambiental convocó a 211 audiencias públicas desde 2004 a la fecha. De ese total, 195 fueron solicitudes de desmonte. De ellas, se autorizaron 191. De un total de 129.257 hectáreas destruidas en 2004 se llegó a las 435.399 del año pasado. La tendencia sigue sin ningún freno. “La ley aprobada el año pasado dice que hay que parar el desmonte, pero nadie nos da una respuesta positiva, ni siquiera la Justicia”, protesta Oscar Frías.Ana González, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó a Salta para interceder por los wichís. Visitó las comunidades, realizó una gestión ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) y mantuvo un diálogo con autoridades de la policía de Salta, que entró en una comunidad sin tener orden judicial. “Las policías todavía actúan en consonancia con las empresas, eso es preocupante porque sólo deben hacerlo cuando la Justicia se los ordena”, le dijo González a la agencia Télam, una de cuyas cronistas había recibido denuncias por la presencia de uniformados en uno de los parajes. John Palmer consideró muy grave la situación de los pobladores de El Escrito, que quedaron viviendo en una “cortina” forestal de 50 por cien metros de monte. “Ellos recién ahora toman contacto con el mundo externo. Cuando la empresa (que hizo el desmonte) mandó a alguien para el estudio socioambiental, las mujeres, asustadas, se fueron corriendo al monte. Por eso la empresa dice en el expediente que no hay indígenas en el lugar –precisa Palmer–. Eso demuestra la ceguera de los agroindustriales, que sólo ven posibilidades de ganancia y no la biodiversidad cultural preexistente. Cierran los ojos a todo lo que no coincide con su visión, enfocan nada más que un modelo de economía de producción.” Las empresas más importantes son Cresud S. A., Agrodesmontes S. A., Quebracho Colorado S.A, Inversora Juramento y Tierra Vasca S.A.Juan Rodríguez ya pasó la barrera de los 80 años de vida y se enoja frente a la tranquera con candado: “No estoy conforme con el gobierno que vende los terrenos fiscales. Los que los compran se creen dueños de todo. Sin monte no tenemos vida. Ya no llevo flechas como antes, pero igual sigo siendo el dueño del monte y de acá no me voy”, asegura.

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
1 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Informe a Amnesty Internacional sobre hechos de violación de los DDHH a indígenas del pueblo wichí de la provincia del Chaco.

Datos generales sobre la comunidad afectada:
La comunidad Wichí que habita en Comandancia Frías, Departamento Güemes, provincia del Chaco está compuesta por cuarenta y siete familias (doscientas treinta personas) distribuidas en dos barrios ubicados en las afueras de la población. Esta comunidad padece una gran vulnerabilidad económica, social, cultural y política, siendo objeto de
constantes presiones y violaciones de sus derechos humanos, tal como lo testimonian los tres casos que se presentan.
El Departamento Güemes cuenta con el índice más alto de NBI de la provincia y uno de los mas altos del país. Por su parte, la población de Comandancia Frías es una de las más aisladas del Chaco y con mayores dificultades de acceso a la justicia, ya que casi 300 kilómetros de caminos de tierra lo separan del juzgado más cercano.
Por encontrarse a orillas del Río Bermejito, en abril/mayo de 2008 se produjo una inundación que afectó tanto a la población urbana de Comandancia Frías como a los habitantes de la zona rural, incluidos los dos barrios wichí.
Esta comunidad aborigen es la única existente dentro de una reserva indígena de alrededor de 350.000 hectáreas. Dicha reserva fue realizada por el Estado Provincial mediante los decretos Nº 480/91 y 1.732/96.
Pese a que estos decretos establecen claramente que este extenso territorio está reservado para los tres pueblos indígenas que habitan el Chaco (wichí, qom y moquoit), en los últimos años se ha producido el constante y creciente asentamiento de personas no indígenas, tanto en el poblado como en la zona rural.
Esta invasión al territorio indígena se ha realizado ante la inacción cómplice, tanto de las autoridades de Fuerte Esperanza (municipio de quien depende el pueblo de Comandancia Frías) como de las autoridades provinciales responsables administrativas de la zona rural de la mencionada reserva.
Como consta en numerosísimos testimonios periodísticos, durante los últimos quince años, la comunidad wichí de EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
2 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Comandacia Frías, en conjunto con otras comunidades de la provincia nucleadas en la Mesa de tierras Dr. Ricardo Altabe´´ han reclamado por la invasión de la reserva por parte de personas y familias no indígenas y el incumplimiento de la cláusula transitoria quinta de la Constitución del Chaco -que en el año 1994- estableció: ´´La propiedad de las tierras ocupadas y reservadas a los pueblos indígenas deberá transferirse dentro de un año de la vigencia de esta Constitución¨ Hace catorce años que esta cláusula se encuentra incumplida.
Primer caso
Violación al derecho de las comunidades a participar en aquellas cuestiones que los afectan.
1) Antecedentes:
En el año 1991 el gobernador de la Provincia del Chaco -en virtud de cumplir con las omunidades indígenas de esta provincia y atendiendo a preceptos de la Ley Provincial Nº 3.258 y la misma Constitución Provincial en su artículo 34º- dicta el Decreto Provincial Nº480/91 reservando para las mismas una superficie importante de tierras (alrededor de 350.000 has.) en El Impenetrable Chaqueño. Dado que los wichí son los ancestrales habitantes de esa región se reserva 100.000 hs. especialmente a favor del pueblo wichí, organizados a través de sus comunidades. Es importante mencionar que la comunidad wichi de Comandancia Frías es la única que habita en la mencionada reserva.
Este Decreto propicia la formación de una comisión a los efectos de llevar adelante un relevamiento topográfico y poblacional a efectos de determinar el real estado de ocupación del territorio indígena y en el supuesto de existir ocupaciones de pobladores no indígenas determinar su relocalización.- Ello nunca ocurrió pese a los múltiples reclamos por parte de las comunidades.-
Posteriormente se reforma la Constitución de la Provincia del Chaco en el año 1994 y un nuevo gobernador de la provincia en este caso el Dr. Angel Rozas dicta un nuevo Decreto Provincial el Nº 1732/96 ratificando el anterior y con el objeto de cumplir con el precepto constitucional número 37º y la cláusula transitoria 5ª, de la nueva constitución reformada.-
Ambos decretos obligan al estado de la provincia del Chaco a realizar el relevamiento de referencia a efectos de poder entregar a los pueblos indígenas del Chaco, organizados a EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
3 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
través de sus comunidades, la titulación del territorio comprendido en la reserva indígena, hecho que a la fecha efectivamente no se ha realizado.-
Durante muchos años se conformó la ´´Mesa de Tierras Dr. Ricardo Altabe´´ integrada por representantes de comunidades indígenas qom, wichí y moquit, en forma conjunta con instituciones que acompañan a las mismas con trabajo en terrenos, como el caso de ENDEPA con la comunidad de Comandancia Frías. Esta mesa de trabajo realizaba reclamos respecto de la conformación de la Comisión que señalan los decretos y de la ejecución del
relevamiento, reclamos todos que obtuvieron respuestas dilatorias y negativas por parte de los distintos gobiernos provinciales que se sucedían en la provincia del Chaco.
Esto sucedió hasta fines del año 2007 donde un nuevo gobierno en la Provincia del Chaco asume el compromiso de ejecutar lo determinado en los decretos de referencia.-
2) Situación actual:
A fines del año 2008 y en virtud de un convenio suscripto por la Provincia del Chaco con el Gobierno de la Nación Argentina a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el marco de la Ley 26.160, concurren a Comandancia Frías, representantes del Ministerio de Gobierno del Chaco y forma una Comisión a los fines de trabajar en conjunto la regularización de las tierras de la reserva indígena determinada por los Decretos ut-supra
mencionados.-
Para la conformación de la comisión se designa como miembro titular a un miembro de la comunidad wichi de Comandancia Frías, actualmente Presidente de la Asociación Comunitaria, Sr. Francisco Miranda y otros dos miembros de la comunidad que lo hacen en forma suplentes, ellos son los Sres. Genaro Pérez y Juan García, ello sumado a pobladores criollos del pueblo de Comandancia Frías.-
En principio el fin de la Comisión era regularizar el territorio de la reserva indígena determinada por los Decretos Nº480/91 y Nº1732/96.- Sin embargo, esta comisión nunca funcionó.
Publicaciones en los medios de comunicación dan cuenta de que el gobierno provincial ha puesto en funcionamiento un ´´Programa de relevamiento territorial´´ pero violando normas constitucionales en lo que hace referencia a derechos indígenas como ser: la
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4 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
PARTICIPACION de la única comunidad que actualmente ocupa la reserva que es la de Comandancia Frías.-
La Comunidad de Comandancia Frías ignora totalmente todo lo realizado en cuanto al diseño e implementación de este Programa que los afecta en forma directa y que ya se encuentra avanzado ya que el gobierno anunció por los medios de comunicación la puesta en marcha del relevamiento, informo de la creación de un Equipo Técnico Operativo para la realización del mismo y a que -de conformidad a lo informado por el INAI ante un pedido de informes del Congreso Nacional- el Gobierno del Chaco ya ha recepcionado para el mencionado Programa la suma de $ 763.650 (como primer cuota de un total de $ 2.188.725) sin participación por parte de la Comunidad de Comandancia Frías ni ningún resultado concreto ya que durante el corriente año ningún funcionario del mencionado
Programa se ha hecho presente en la comunidad de Comandancia Frías para informar y solicitar su participación en su carácter de única ocupante de la reserva indígena en cuestión.
De allí que, pese a que los Gobiernos Nacional y Provincial se encuentran abocados a la ejecución del relevamiento, al día de la fecha la comunidad wichí de Comandancia Frías posee un total desconocimiento de lo realizado y medidas tomadas por la Unidad Ejecutora Provincial del mencionado Programa de relevamiento territorial y por el Equipo Técnico Operativo conformado ad hoc.-
3) Derechos violados:
En la actualidad, a pesar de la legislación favorable nos encontramos frente a estos graves hechos:
No cumplimiento de lo establecido en cuanto a CONSULTA Y PARTICIPACIÓN por parte de los siguientes instrumentos legales:
 Art. 75º, inciso 17 de la Constitución Nacional.
 Artículo 37º de la Constitución de la provincia del Chaco.
 Artículo 2º del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Artículos 18º y 19º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
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5 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
4) Denuncias realizadas:
El incumplimiento del estado provincial ha sido denunciado a través de reclamos efectuados ante el gobierno provincial.-
Asimismo se ha denunciado el incumplimiento del Convenio 169 suscripto por la República Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo, por presentaciones realizadas en el año 2003 y en fecha 3 julio del año 2008 más una nueva presentación formal en el presente mes de junio del 2009.-
5) Anexos:
DECRETO 480/91
Resistencia, 2 de mayo de 1991.-
VISTO:
La Actuación Simple N° 1000804912586; y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1576 de fecha 13 de octubre d e 1986 dictada por el Instituto de Colonización se reservaban cien mil (100.000) has. Aproximadas dentro de las zonas E y F de los Departamentos General Güemes y Almirante Brown, con destino a pobladores autóctonos; Que la filosofía política alentada por el Gobierno Provincial se inserta la permanente preocupación de promover las Comunidades Aborígenes en un todo de acuerdo con el espíritu de la Ley 3258 y el 34° de la Constitución Provincial;
Que la tenencia de la tierra constituye una real preocupación para la población aborigen;
Que en resguardo de sus legítimos intereses y en reconocimiento del continuo aumento de la
población aborigen en la Provincia se hace necesario facilitar el ambiente natural indispensable para el mantenimiento y desarrollo de sus pautas culturales que posibilite una real integración con el resto de la comunidad; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA:
ARTICULO 1°: RESERVASE la superficie comprendida entre los límites NORTE: Río Bermejito; SUR: camino que une Fuerte Esperanza en el Chaco, con la Provincia de Salta; OESTE: malla castatral N° 14; E STE: Ruta Provincial N° 61; de la cual 100.000 hectáreas serán a favor del pueblo Wichí del Departamento General Güemes, organizado a través de sus comunidades y el resto para las comunidades indígenas de la Provincia, según el destino que éstos establezcan en el marco de los Acuerdos que celebren.
ARTICULO 2°: ENCOMIÉNDASE a la Comisión Mixta Interministerial de Tierras, y a las Comunidades y Asociaciones
Comunitarias constituidas en el lugar, la realización de un relevamiento topográfico poblacional, a los efectos de determinar el real estado de ocupación de las tierras mencionadas en el artículo 1° del presente Decreto.
ARTÍCULO 3°: Si dentro de la superficie reservada se comprobare casos de ocupaciones no aborígenes, oponible a lo preceptuado en el presente Decreto y pasible a desalojo, se deberá contemplar la reubicación del individuo acorde a su núcleo familiar y real capacidad económica.
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6 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
ARTÍCULO 4°: para la dilucidación de los problemas que se presenten, deberá tenerse en cuenta el acuerdo de partes y de manera prioritaria el interés de las Comunidades Aborígenes.
ARTICULO 5°: Las tierras reservadas insertas en el artículo 1°, serán incorporadas en las prescripciones establecidas en los artículos 8°, 9°, 10°, 11° y 12° (Capítulo II de la adjudicación de las Tierras) de la Ley 3258.
ARTICULO 6°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese. JULIO RENÉ SOTELO DR. DANILO LUIS BARONI Ministro de Gob., Justicia y Educación Gobernador
Segundo caso
Violación del derecho de niños y madres embarazadas a la alimentación y a la seguridad.
1) Antecedentes:
En el año 1996 se creó la ´´Casa del sol´´ en Comandancia Frías. Esta institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, tenía como finalidad ofrecer una alimentación adecuada y saludable a niños de 0 a 14 años y a madres embarazadas. En la mayoría de los casos, esta comida constituía la única que
recibían estos niños y madres en todo el día. En este centro del menor y la familia "Casa del sol" se atendían 130 niños y 30 madres embarazadas.
2) Situación actual:
Luego de trece años de prestación de un eficiente servicio, que se reflejó en la baja de los índices de desnutrición infantil, esta Casa del Sol fue cerrada por decisión del gobierno provincial, el 19 de mayo del corriente año 2009.
Para tratar de suplir este servicio el gobierno provincial delegó en una ONG la asistencia alimentaria de estas personas, la misma se realiza en un complejo educativo recientemente construido a siete kilómetros de la comunidad aborigen.
Por múltiples razones, este nuevo servicio no puede de ninguna manera reemplazar al brindado por la cerrada ´´Casa del Sol´´. Una de ellas es la distancia, que es salvada por la ONG mediante el traslado de los niños y las madres en un acoplado abierto que no cumple con las mínimas normas de seguridad ya que es un transporte no diseñado para el EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
7 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
traslado de personas (ver fotografía anexa) violándose, así su dignidad humana y poniendo en riesgo inminente su vida.
3) Derechos violados:
 Artículos 10º, 11º y 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
 Artículo 6º de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y artículo 3º, punto 3, de la misma Convención que establece: ´´Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada´´.
4) Anexo:
Transporte que se utiliza para el traslado de niños y madres embarazadas.
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
8 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Tercer caso
Violación del derecho de las familias indígenas a vivir en condiciones dignas, a retornar a sus hogares y a participar en aquellos planes y programas que los involucren.
1) Antecedentes:
A un kilómetro de Comandancia Frías se encuentra el barrio Medialuna, habitado por 30 familias wichí. Históricamente los indígenas optaron por ubicarse allí porque, de esa manera, se mantienen cercanos al pueblo pero sin interferencias que afecten su vida comunitaria y el contacto con la naturaleza, ambas cosas indispensables para la preservación de su cultura.
Con su activa participación y con sus propias manos los wichí construyeron en el año 2001 sus viviendas de material. Lo hicieron en el marco del ´´Programa Nacional de Viviendas y mejoramiento ambiental Juan Perón´´
Las viviendas fueron diseñadas por los propios indígenas, se respetó la ubicación y distribución de las antiguas viviendas y su entorno, especialmente el bosque que brinda sombra a cada casa y patio familiar.
En abril del 2008 este barrio se inundó por la crecida del Río Bermejito y los Wichí fueron trasladados a un precario campamento.
2) Situación actual:
A pesar de que hace ya más de un año que bajaron las aguas y se secaron sus viviendas, las autoridades impiden a los wichí regresar a sus casas. Durante todos estos meses las familias están viviendo en un campamento, en condiciones miserables, en chozas de polietileno construidas por ellos mismos, sin agua potable y sin letrinas (ver fotografía)
Simultáneamente, se está construyendo un nuevo barrio dentro del pueblo de Comandancia Frías, donde se les ha dicho a los indígenas que deberán reubicarse sin dar explicaciones razonables acerca de las razones que impiden regresar a su asentamiento original.
Por otra parte, el nuevo barrio se construye sin su consulta y participación en cuanto a su emplazamiento y diseño de las viviendas. Las mismas ignoran totalmente las pautas culturales de los wichí. Los terrenos son pequeños, sin sombra ya que el monte existente fue totalmente arrasado con topadora y la disposición de las viviendas adopta la típica
cuadrícula de la cultura urbana (ver fotografía).
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
9 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
3) Derechos violados:
 Art. 75º, inciso 17 de la Constitución Nacional.
 Artículo 37º de la Constitución de la provincia del Chaco.
 Artículo 2º del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Artículo 16º (sobre traslados y reubicaciones de los pueblos indígenas) del Convenio 169 de la OIT – Ley 24.071.
 Pacto Internacional de la ONU de derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
 Artículo 23º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas, que dice lo siguiente: ´´(…) En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones´´.
4) Anexo:
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
10 Informe presentado a Amnesty Internacional
sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN
11 Informe presentado a Amnesty Internacional sobre Comandancia Frías, provincia del Chaco.
Nuevo barrio que se está construyendo.


miércoles, 23 de septiembre de 2009

LA POBREZA

La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del lugar y el tiempo y se ha descrito de varias formas. Se analiza la pobreza -su evolución y magnitud- en los países en desarrollo y se afirma que se carece de una definición conceptual de la pobreza que pueda reivindicar un carácter universal.
La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad.
Los análisis de pobreza distinguen entre pobreza absoluta y pobreza relativa.
Pobreza relativa, es cuando las unidades bajo análisis son "pobres" en relación con "otras unidades" a ser especificadas.
La pobreza absoluta caracteriza exclusivamente la situación de la unidad bajo análisis, sin hacer comparaciones de ningún tipo. Se habla de pobreza absoluta cuando la vida de los involucrados se ve afectada por carencias físicas o socioculturales. Cuando se ve amenazada la subsistencia física (expresada en términos de alimentación, indumentaria, vivienda) se denomina pobreza absoluta primaria. Mientras que se refiere a pobreza absoluta secundaria cuando no se alcanza un mínimo existencial que responda a las convenciones sociales y culturales.
Como la pobreza tiene varias dimensiones se tiene que mirar a través de varios indicadores, niveles de ingresos y consumo, indicadores sociales e indicadores de vulnerabilidad de riesgos y acceso socio-político.
Sólo conociendo la dimensión de la pobreza en un país es posible fijar -a nivel nacional e internacional- prioridades racionales en la lucha contra la pobreza y obtener y facilitar los fondos correspondientes.
Sólo conociendo la forma que adopta la pobreza, su magnitud y causas, es posible elaborar adecuadamente programas específicos destinados a combatirla.
En una economía de mercado, el Estado tiene un rol muy importante que cumplir en la lucha contra la pobreza, para permitir un mayor grado de igualdad de oportunidades. La pobreza es un círculo vicioso que, además de tener efectos graves sobre la calidad y niveles de vida de los pobres, afecta las posibilidades de crecimiento económico y estabilidad social y política. Las familias que enfrentan una situación de pobreza se ven afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad para recibir instrucción que en muchos casos no pueden ser remontadas, aunque los ingresos mejoren.
Una población pobre tiene una baja expectativa de vida, sufre de altas tasas de incidencia de enfermedades, es mano de obra poco calificada y, por todo ello, constituye una fuerza de trabajo poco productiva.



POBREZA EN ARGENTINA – ALGUNOS DATOS

En la Argentina, la historia de la pobreza muestra un significativo vuelco en el transcurso de los últimos 15 años.
Las "villas miseria", barrios ilegalmente constituidos ubicados en zonas marginales del espacio urbano, carentes de una infraestructura mínima de servicios orientados a atender sus requerimientos básicos, surgen de la crisis del modelo agroexportador en la primera mitad de siglo y el temprano desarrollo de la actividad industrial ya que estos favorecieron a un rápido proceso de urbanización. La crisis que se inicia en los setenta, consolidan los bolsones de pobreza estructural, que en el caso de la Argentina, en relación a la gran mayoría de los países de América Latina, son de extensión limitada.
Las transformaciones económicas y sociales que caracterizaron a la década del ochenta tuvieron un notable impacto en las condiciones de vida de la población. La fuerte recesión, se tradujo en un notable deterioro de la capacidad que el sistema productivo tiene de generar empleo. Así se extendió la pobreza.
Desde el punto de vista de la metodología adoptada para la medición de uno y otro tipo de pobreza, es importante destacar que el criterio de medición que se basa en la evaluación de la satisfacción de las necesidades básicas (NBI) es adecuado para la captación de los hogares pobres estructurales. Esto responde al fuerte sesgo que este criterio tiene a evaluar, a través de las condiciones de las viviendas, la no-existencia de un stock básico, lo cual resulta de una larga historia de pobreza.
Los nuevos pobres son hogares que seguramente cuentan con una vivienda adecuada, acceso a servicios de saneamiento básico, etc., a los cuales pudieron acceder previo al deterioro de sus ingresos. Es precisamente este último aspecto el que los identifica, por lo que el criterio de Línea de Pobreza (LP) es el más adecuado para su captación.
Para el análisis de la situación de pobreza en diferentes regiones del país se recurre básicamente a dos fuentes de información:
Los censos de población de 1980 y 1991, a través de los cuales es posible evaluar la incidencia y distribución de la pobreza estructural a lo largo de la década del ochenta.
Encuestas de hogares, a través de las cuales se pudo relevar los ingresos que las familias perciben.
Entre 1980 y 1991 el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas muestra una reducción del 4%, en tanto el número total de hogares se incrementó en un 20,5%. De este modo, la incidencia de la pobreza pasa de ser del 18.3% al 14.5%. Esta reducción relativa de la pobreza tuvo lugar en la casi totalidad de las provincias del país, siendo la Capital Federal y Tierra del Fuego los únicos distritos donde se verifica un leve incremento de la misma.
Para el caso del Gran Buenos Aires, entre 1980 y 1986 se produce un leve incremento de la pobreza. El proceso inflacionario que se inicia desde 1987, y que tiene su pico en 1989, repercutió en un crecimiento del 100%, representado fundamentalmente por aquellas familias que, si bien tienen sus necesidades básicas satisfechas, el deterioro de sus ingresos las lleva a la situación de no poder cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios.
A partir de 1990 se inicia una progresiva reducción del tamaño de la pobreza, a una velocidad que decrece de año en año, siendo la proporción de hogares bajo la línea de pobreza en 1993 del 19.4%. Por último, y en forma coherente con el deterioro del nivel de los ingresos familiares de los sectores medios y bajos más pobres que se verificó desde 1994, la pobreza muestra un incremento que se extiende hasta el año 1996. Hacia mayo de este año, el 26.5% de los hogares era pobre.
La clasificación de los hogares en una escala de ingresos per cápita expresada en términos de valores de líneas de pobreza nos permite comprender la dinámica de este proceso, al mostrarnos cómo se posicionan los hogares en torno al límite de la pobreza. La proporción de hogares con ingresos comprendidos entre 0.75 y 1.25 líneas de pobreza, es decir aquellos cuyos ingresos se ubican en la proximidad de la línea por encima y por debajo, supera al 15% desde 1987. Este grupo adquiere gran significación, pues aumenta la importancia del efecto que puedan tener políticas moderadas de empleo e ingreso en la incidencia de la pobreza y, por otra parte, es el más vulnerable al deterioro de los ingresos captados por parte de las familias.
En el período posterior, entre 1990 y 1992, la proporción de los hogares indigentes - aquellos que, aún si utilizaran la totalidad de sus ingresos para la alimentación no lograrían acceder a una canasta básica de alimentos - llega a 12.3% en 1989, reduciéndose luego hacia 1992 valores cercanos al 2%. Por último, en 1993 la proporción de hogares indigentes inicia un aumento, que llega al 3.8% en mayo de 1996.
La etapa del ciclo vital en que se encuentran las familias tiene especial incidencia en la probabilidad que éstas tienen de quedar inmersas en el universo de la pobreza. La presencia de niños en la familia tiene el doble efecto de, por un lado, aumentar el número de personas que dependen del ingreso de los adultos, y por otro, disminuir este ingreso, al dificultar a la madre de los niños su participación en la actividad económica.
En los hogares con niños la probabilidad de ser pobres aumenta significativamente. En en 1994 en el Gran Buenos Aires la incidencia de la pobreza para el total de los hogares es de 18.4%, entre los hogares con niños menores de 15 años la misma se eleva al 32.9%. Como consecuencia de ello, el 43% de estos niños viven en hogares pobres. En conclusión, los efectos de la pobreza y la desocupación tienen especial impacto en las familias con niños. -
FUENTE: www.ubp.edu.ar/todoambiente



NO TODA LA CULPA ES DEL CHANCHO




CRITICA DIGITAL
Por Tomás Canosa
A pesar de las promesas de mayor transparencia, el INDEC volvió a sorprender ayer al difundir una sensible baja en las tasas de pobreza e indigencia en el año de la crisis. Si los datos del organismo fueran verídicos, en los últimos doce meses un millón de personas habrían dejado de ser pobres y otros 200 mil de ser indigentes. Los analistas privados descreen de la información oficial y aseguran que en realidad la pobreza y la indigencia afectan a más del doble. Hasta el ex presidente Néstor Kirchner reconoció el mes pasado que la pobreza “se encuentra en el 20, 22 o 23 por ciento”.El informe publicado por el INDEC despierta demasiadas sospechas. El organismo oficial reconoció la desaceleración de la actividad económica y la destrucción de puestos de trabajo producto del estallido de la crisis internacional. La actividad industrial se desplomó durante los primeros meses del año, y las empresas adelantaron vacaciones y suspendieron personal para evitar más despidos. Por lo tanto, cuando se registra una caída del PBI y se destruyen puestos de trabajo, la caída en la tasa de la pobreza sólo podría explicarse si el Gobierno hubiera implementado nuevos planes sociales para asistir a los más desfavorecidos.El INDEC aseguró que la pobreza afecta al 13,9% de la población y descendió 3,9 puntos en los últimos doce meses. Según se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realizó en 31 conglomerados, se detectaron 709 mil hogares pobres (integrados por 3.429.000 personas). Estas familias tienen ingresos menores a $ 1.007 mensuales y no llegan a adquirir una canasta integrada por alimentos y servicios básicos. Mientras que 232 mil hogares son indigentes (995 mil personas), que no pueden acceder a una canasta básica de alimentos, que según el INDEC cuesta 445,6 pesos.El nordeste es la región más desfavorecida del país, donde una cada cuatro personas es pobre. Paradójicamente, el nordeste es la zona con la menor tasa de desempleo para el INDEC. En Río Gallegos la situación es totalmente distinta: sólo el 1,3% de la población es considerada pobre. La pobreza en la Capital Federal creció 2% durante el último semestre (7,3%), y la de Rosario trepó 2,6 (a 14,6%) los últimos 12 meses.La publicación de la EPH del primer semestre representa un golpe a la credibilidad del ministro de Economía, Amado Boudou. Uno de los pilares de su gestión se centra en la normalización del organismo. Es una de las cartas para poder acercarse a los mercados de crédito.Con algunos traspiés, como el nombramiento del ultramorenista Norberto Itzcovich, Boudou convocó a distintas universidades nacionales para evaluar las distintas metodologías (ver aparte). Las últimas publicaciones del INDEC reconocían la desaceleración de la actividad económica y los índices inflacionarios se acercaban más a los calculados por los privados. Por lo tanto, se esperaba que el organismo reconociera un aumento de la pobreza. La consultora Ecolatina aseguró que la pobreza alcanza al 31,8% y la indigencia al 11,7%. El gerente de Economía y Finanzas, Rodrigo Álvarez, aseguró que “hace dos años que está subiendo la pobreza porque la inflación les gana a los salarios, y en el último año se observan problemas en el mercado laboral, con gente perdiendo puestos de trabajo”. El director de SEL, Ernesto Kritz, manifestó estar “sorprendido porque esperaba que el INDEC reconociera un aumento de la pobreza, porque parece muy difícil explicar cómo cayó la pobreza cuando se conoció la caída en la actividad y en el nivel de empleo”. Kritz calculó la pobreza en el área metropolitana y aseguró que subió al 31,5%, mientras que en el conurbano trepó al 36 por ciento.Néstor Kirchner durante un recorrida por la provincia de Buenos Aires evitó entrar en polémicas con la Iglesia y sostuvo que la pobreza “se encuentra en el 20, 22 o 23 por ciento”. No fue la única vez que los propios sectores oficialistas contradicen la información del INDEC. Algunas semanas atrás, Boudou anunció la creación de una canasta de alimentos que distribuiría el hipermercado Carrefour. El dato de color es que esta canasta costaba 41% más que la oficial, y si se calculaba la pobreza mediante esos bienes, la tasa de pobreza trepaba al 31,5 por ciento.El sociólogo Claudio Comari es el encargado de realizar la EPH desde el año pasado, aunque fue ratificado en su puesto hace 20 días. El ex militante de Barrios de Pie debió cubrir el cargo del que fue desplazada Cynthia Pok, cuando se rehusó a calcular los índices de pobreza e indigencia a partir de las canastas de alimentos publicadas por el INDEC.
Página12
Mejora con dudas en la canasta
El Indec estimó que la pobreza en el primer semestre bajó al 13,9 por ciento y la indigencia, a 4. En medio de la crisis, llamativa mejora en los indicadores sociales.

La pobreza e indigencia, medidas por el Indec, volvieron a caer en el primer semestre del año. Los nuevos datos están en sintonía con las cuestionadas cifras que viene difundiendo el organismo oficial en materia de inflación y mejoras salariales. Los problemas en la medición de precios impactan directamente en la valorización de la canasta de alimentos que se utiliza para estimar los indicadores sociales. Los datos que el conjunto de las estadísticas públicas convalidan son llamativos en un escenario de desaceleración económica, alza en el desempleo y la subocupación, así como el incremento en el precio de varios productos que componen la canasta básica. Según el Indec, la pobreza alcanza al 13,9 por ciento de la población y la indigencia al 4 por ciento. Las estimaciones privadas, con sus limitaciones metodológicas, superan significativamente los cálculos del organismo estadístico. Más allá de las distintas críticas que recaen sobre la medición, la pobreza se mantiene en niveles elevados en términos históricos.
En la comparación interanual, las cifras oficiales reflejan una caída de 3,9 puntos porcentuales en la pobreza desde el 17,8 registrado durante los primeros seis meses del año pasado. Para la indigencia, la reducción fue menor, pasó de 5,1 al 4 por ciento. Así, 3.429.000 millones de personas se ubicaron por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales 995 mil se encuentran en situación de indigencia.
El fuerte proceso de crecimiento económico, la recuperación del empleo y la sistemática reducción de la desocupación iniciados en 2003 no lograron reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. Si bien existen dificultades para comparar los distintos períodos, los datos actuales de pobreza se ubican tres puntos porcentuales por debajo de los mejores registros de la década del noventa, cuando las políticas neoliberales impulsaron el proceso de concentración y exclusión social.
La reducción en los niveles de pobreza e indigencia resulta llamativa en medio de la crisis financiera internacional y la desaceleración en el nivel de actividad doméstica. Entre los primeros semestres de 2006 y 2007, cuando la medición de precios no generaba controversias, la pobreza retrocedió de 31,4 a 23,4 por ciento y la indigencia, de 11,2 a 8,2. En ese período el PIB creció a un ritmo del 8 por ciento y el desempleo cayó desde 10,9 hasta 9,2 por ciento. En el actual escenario, donde se estancó el proceso de crecimiento, crece la puja distributiva y sube levemente el desempleo, es difícil comprender los resultados que arroja el Indec.
En el Gobierno reconocen el déficit en materia social, pero advierten que tras la salida de la convertibilidad la pobreza abarcaba a más del 50 por ciento de la población y la indigencia rondaba el 30 por ciento. Los datos privados, desde consultoras vinculadas con políticos opositores hasta la CTA, estiman un fuerte deterioro en los indicadores sociales en los últimos semestres. Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini del Cedlas calculan que la pobreza no empeoró ni mejoró, desde 2006 hasta el segundo semestre del año pasado. Pero, para los primeros seis meses de 2009, los economistas advierten que “si bien hasta ahora los indicadores no se habían disparado como señalan algunos escenarios privados sino que se habían estancado, con la actual desaceleración económica la pobreza tiene que haber crecido”.
Pese a las mejoras generalizadas registradas por el Indec, la distribución geográfica de la pobreza se mantiene inalterada. En las provincias del Noreste y el Noroeste, todavía se ubica por encima del 20 por ciento. Por fuera de estas regiones, Concordia es el único aglomerado del país con ese comportamiento. En el NEA, el indicador alcanza el 25,6 por ciento y en el NOA sube hasta 20,8 por ciento. Las regiones más afectadas continúan siendo Gran Resistencia, Posadas, Corrientes y Santiago del Estero-La Banda.
En el Gran Buenos Aires, la pobreza descendió hasta 12,4 por ciento, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se mantuvo sin cambios en 7,3. En los partidos del conurbano cedió hasta 14 por ciento. La región patagónica, Gran Rosario y San Nicolás-Villa Constitución registraron leves incrementos en la cantidad de personas en esa situación. Para las estadísticas oficiales, la pobreza cedió en Jujuy-Palpalá desde 30 por ciento hasta 17,1 por ciento. Algo similar registró en Salta.
A mediados de agosto el DT del Indec, Norberto Itzcovich, señaló que en el organismo estaban analizando la posibilidad de modificar la actual medición de la pobreza: “La metodología es de la década del noventa y fue impuesta por la Cepal, a partir de medir únicamente los ingresos monetarios de las personas”, explicó entonces el funcionario, que no especificó qué otras variables contemplaría la alternativa. Itzcovich apuntó que la Canasta Básica Total, que se utiliza como umbral de pobreza, “no se valoriza a los precios actuales, sino que se traen los valores desde 1985. Por eso algunos pueden no sentirse representados”, dijo refiriéndose, supuestamente, a las ponderaciones. En el primer semestre la CBT acumuló un incremento de 2,8 por ciento. Varios especialistas celebran la intención de actualizar las mediciones, pero advierten que los principales problemas no son metodológicos.
Por Tomás Lukin